A dos semanas de creada esta Comisión y sin aun reunirse públicamente sus integrantes, el secretario ejecutivo Victor Ramos señalò a El Mercurio, que la primera sesión sería a más tardar el jueves 20 de julio. Mientras trascurren los días posteriores al nombramiento, diversas opiniones se han vertido respecto a su composición, cumplimiento de objetivos y la trascendencia que efectivamente tendrá en un tema, de suma importancia para la sociedad chilena y especialmente para los habitantes de Wallmapu.
Reproducimos una de las publicaciones que aborda esta temática:
Fuente: infonovena.cl
La Comisión para la Paz y el Entendimiento está destinada al fracaso.
Las ocho personas designadas por el Presidente Boric responden a un cuoteo que puede reflejar la composición de fuerzas políticas al interior de la política chilena, pero está lejos de representar la diversidad del pueblo mapuche, excluyendo a amplios sectores de este. Por Javier Pineda Olcay.
El wiñol tripantu – denominación del nuevo ciclo o nuevo año para el pueblo mapuche – se inicia con un hecho político importante para el Gobierno de Gabriel Boric: la constitución de una Comisión para la Paz y el Entendimiento entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.
Esta comisión, según lo declarado por el Presidente, tendrá seis objetivos: (i) sistematizar la situación actual e histórica de las tierras mapuche y revisar experiencias internacionales sobre esta materia; (ii) establecer un canal de diálogo con los distintos actores involucrados, incluyendo gobiernos locales, gremios empresariales, comunidades, víctimas de la violencia y ciudadanía en general; (iii) elaborar una propuesta con los cambios que permitan llegar a un acuerdo sobre la demanda de tierras existente, diversificando mecanismos de reparación, produciendo mejoras y modificaciones legislativas e institucionales; (iv) promover iniciativas de justicia hacia el pueblo mapuche, una propuesta de reparación integral de las víctimas, como incorporación de medidas para todos los habitantes de las zonas involucradas; (v) establecer un proceso de diálogo que produzca un acuerdo preliminar con las comunidades mapuche que permita conciliar las expectativas que hoy se tienen en cuanto a reparación, con las posibilidades reales que el Estado de Chile puede ofrecer; (vi) entregar un informe al Presidente de la República y al Congreso Nacional para avanzar en las modificaciones institucionales y de la legislación requeridas, incluida la Ley Indígena (N°19.253).
La creación de esta Comisión fue anunciada en noviembre de 2022, en la ciudad de Villarrica, donde el mismo Presidente Boric manifestó que su “voluntad es que esta comisión empiece a funcionar en marzo del año 2023 y entregue su informe y propuestas ad portas de la conmemoración de los 200 del Tratado de Tapihue” , materializándose su constitución este 21 de junio de 2023 en Santiago.
Integración de la Comisión: ausencias de importantes sectores del Pueblo Mapuche
La Comisión, siguiendo el ejemplo del Consejo Constitucional, estará conformada por ocho personas que constituirán la Comisión para la Paz y el Entendimiento, más el apoyo de una comisión de expertos, quienes colaborarán con el trabajo de la Comisión.
Las ocho personas designadas por el Presidente Boric responden a un cuoteo que puede reflejar la composición de fuerzas políticas al interior de la política chilena, pero está lejos de representar la diversidad del pueblo mapuche, excluyendo a amplios sectores de este. Además, en términos de perfiles de sus integrantes, es una comisión con una integración más débil que la “Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas” , la cual fue presidida por el ex Presidente Patricio Aylwin y contó con varios integrantes de los sectores por la autonomía y autodeterminación del pueblo Mapuche, pertenecientes a la organización Ad Mapu y del Consejo de Todas las Tierras.
En la Comisión para la Paz y el Entendimiento, las dos figuras más importantes son Francisco Huenchumilla y Alfredo Moreno, quienes podrían ser calificados como representantes del “mundo de los 30 años” y son las dos figuras con más “tonelaje político” dentro de la Comisión. Mientras Huenchumilla representa a la histórica Concertación y es la persona mapuche con más cargos institucionales en las últimas décadas; Moreno es un fiel representante de la derecha empresarial.
Francisco Huenchumilla es una figura importante de la ex Concertación y la Democracia Cristiana en la región de La Araucanía, habiéndose desempeñado como Ministro de la SEGPRES, Alcalde de Temuco, Intendente de La Araucanía, diputado y actualmente Senador. Además, integró las comisiones constituidas por gobiernos de Aylwin y la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas.
Por su parte, Alfredo Moreno Charme es un empresario, quien fue gerente de empresas como Falabella y Penta, presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio (2017-2018) y se desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) y como Ministro de Desarrollo Social y luego de Obras Públicas en el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022). En su paso por el Ministerio de Desarrollo Social impulsó el “diálogo 3xi” , en las cuales incluyó a empresarios, representantes de comunidades mapuche e incluso a un ex vocero de la CAM. Estas instancias de diálogo llegaron a su fin luego del asesinato del weichafe Camilo Catrillanca en noviembre de 2018, lo cual provocó que Piñera cambiara a Moreno desde Desarrollo Social a Obras Públicas, con el objetivo de protegerlo y “guardarlo” como posible candidato presidencial de la derecha.
En una segunda línea de la Comisión se encuentran dos parlamentarias: la senadora Carmen Aravena y la diputada Emilia Nuyado. La Senadora Aravena, electa por la Región de la Araucanía, actualmente integra la bancada del Partido Republicano, por lo cual puede ser considerada como un representante de José Antonio Kast en la comisión y de la élite política y empresarial de la región. Al ser de la zona es obvio que tiene vínculos políticos, sin embargo, fue electa con cerca del 1% de los votos, siendo posible su elección solo al ser arrastrada por la votación de Felipe Kast (Evopoli).
Su contraparte sería Emilia Nuyado Ancapichun, diputada por el distrito 25 (Provincia de Osorno) y militante del Partido Socialista. La diputada tiene una fuerte ascendencia en ciertas comunidades huilliches del pueblo mapuche, pero estas comunidades ya se encuentran incorporadas a la institucionalidad, participando activamente en el Consejo Nacional de la CONADI. Si bien ha tenido una posición contraria a los estados de excepción en Wallmapu, no ha sido capaz de convencer a sus compañeros de militancia en esa materia.
En la tercera línea se encuentran los representantes de los gobernadores de las Regiones del Biobío y de La Araucanía. Por una parte está Juan Pablo Leonelli Lepin, quien es jefe de gabinete del gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas (electo por Chile Vamos) y quien también fue Director Ejecutivo de la Multigremial de La Araucanía. Por la otra parte se encuentra Gloria Callupe Rain, quien es actualmente encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Biobío, encabezado por Rodrigo Díaz (independiente ex militante DC). Su vínculo público con el pueblo mapuche está dada por su participación en el gobierno regional y su rol de directora regional de la Corporación de Profesionales Mapuche ENAMA.
Finalmente, se encuentran dos representantes de la sociedad civil chilena y mapuche. Uno de ellos es Adolfo Millabur, dirigente de la Identidad Territorial Lafkenche, con una fuerte presencia en la zona costera de las regiones de La Araucanía y Biobío. Fue Alcalde de Tirúa durante varios lustros (periodos de 1996-2008 y 2016-2021), dejando el cargo para asumir como Convencional Constituyente por escaño reservado del pueblo mapuche. Por el otro lado se encuentra Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria Malleco, vinculado al APRA, organización racista e incitadora al odio contra comunidades mapuche .
En esta comisión, los grandes ausentes son las comunidades mapuche. Si bien cuatro personas se identifican como parte del pueblo mapuche, no están en representación de sus comunidades. Están ahí porque fueron designadas por el Presidente de la República. Ninguna de estas personas es autoridad ancestral del pueblo mapuche ni pueden actuar en representación del mismo.
Más aún, hay una completa ausencia de las “comunidades mapuche” con procesos de recuperación territorial. Ninguna de las personas designadas en la Comisión se podría asociar a este sector del pueblo mapuche, que se reivindican como organizaciones que luchan por la autonomía mapuche y que, en especial, luchan por un proyecto por la liberación nacional del Pueblo-Nación Mapuche. Estas últimas organizaciones y comunidades son aquellas que reivindican gran parte de las acciones de sabotaje que tienen lugar en Wallmapu y que tienen como proyecto estratégico el control territorial sobre el territorio que históricamente les ha pertenecido como pueblo.
Esta última ausencia significa necesariamente vislumbrar el fracaso de la labor de la Comisión antes de que inicie su trabajo. No puede existir una Comisión para la Paz que no incluya en la mesa a los sectores que “están en guerra”. Sería tan inverosímil si el Estado de México hubiese suscrito los Acuerdos de San Andrés (1996) sin la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; el gobierno británico hubiese suscrito el Acuerdo de Viernes Santo (1998) sin presencia del Sinn Féin; o el Gobierno de Colombia hubiese suscrito o negociado el fin a las actividades guerrilleras sin la presencia de las FARC (2016) o actualmente sin presencia del ELN.
No pretendo asimilar lo que ocurre en Wallmapu a los procesos de liberación nacional en México, Irlanda o Colombia. Sólo quiero hacer el punto a que si el gobierno de Boric considera que es necesario reestablecer la “Paz”, lo mínimo que debiese hacer es sentarse a dialogar con aquellas organizaciones y/o personas que mantienen la zona en una situación de guerra o conflicto.
En esta línea, ya son dos las organizaciones mapuche que públicamente han manifestado su rechazo a la Comisión. La Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), en la página Werken Noticias, manifestó que la Comisión para la Paz y el Entendimiento “es otro intento para frenar la lucha Mapuche Autonomista, con una militarización y integrantes de extrema derecha y Yanakonas como Millabur, que por estos años solo representan el neoliberalismo en Wallmapu”. Por su parte, la Alianza Territorial Mapuche (ATM), señala que Boric será recordado como el presidente que “firmó leyes y decretos que tienen y tendrán consecuencias directas para el pueblo mapuche y sus demandas territoriales, pero también para los sectores pobres de la sociedad chilena”, agregando además que “frente a tanto abandono, agravio y desprecio con los derechos de los pueblos indígenas y particularmente hacia los mapuche; ¿qué se puede esperar de la negociada y tardía instalación de una Comisión de paz y entendimiento que se anunciara éste 21 de junio? Si al inicio se había estimado como algo “sensato”, después de seis meses todo parece diluirse en otro de los tantos mecanismos de entretención y dilación que terminará bajo llave en las departamentales estatales santiaguinas”.
Por el contrario, el gobierno del Presidente Boric ha demostrado una política represiva en contra de este sector del Pueblo Mapuche, sin representar
cambios respecto a los gobiernos de la Concertación y de Chile Vamos. Desde mayo de 2022, sólo después de dos meses de iniciado el Gobierno de Boric, se volvió a decretar estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Biobío, Arauco Malleco y Cautín. Si en un principio se habló de un estado de emergencia “acotado”, cumplido un año desde aquello se han ampliado las facultades de las Fuerzas Armadas en un Wallmapu militarizado.
En esta mismo sentido, el gobierno inició una persecución en contra de la CAM, representada por la familia Llaitul. Héctor Llaitul está en prisión preventiva desde el 24 de agosto de 2022, formalizado por delitos en contra de la Ley de Seguridad Interior del Estado, a solicitud del Ministerio del Interior. Asimismo, sus hijos Ernesto Llaitul y Pelentaro Llaitul se encuentran en prisión preventiva formalizados por otros delitos. Misma situación de persecución sufre el werken de la Comunidad Temucucui, Mijael Carbone (Corte de Apelaciones revocó prisión preventiva) y los hijos de Víctor Ancalaf, ex vocero de la CAM (ambos actualmente en prisión preventiva).
Además, desde el 7 de mayo de 2023, el módulo F de presos políticos mapuche y el módulo E de presos mapuche en la Cárcel de Angol han comenzado a ser desmantelados, luego de los hechos que fueron denunciados por el Gobierno como “secuestro” de Gendarmes el día de las elecciones de consejeros constitucionales, en el contexto de altercados que se produjeron por una decisión de Gendarmería de prohibir las visitas a familiares de los presos políticos mapuche ese día, la cual no fue comunicada con anticipación. Algunos de estos presos han sido trasladados a casi 500 kilómetros de sus comunidades. En este mismo sentido, los partidarios de gobierno pasaron de exigir la libertad de los presos políticos mapuche a hacerse parte, a través de las delegaciones presidenciales, en oposición a los recursos de amparo presentados por el Machi Celestino Córdova, Luis Tralcal y José Tralcal, quienes a pesar de cumplir con los requisitos para postular a la libertad condicional, se les ha negado arbitrariamente.
Restitución de tierras sin inclusión de “tierras ancestrales” y empresas con calidad de “víctimas”
El principal “vocero” de la Comisión estos primeros días ha sido Alfredo Moreno, quien señala que la primera tarea de la Comisión será realizar un catastro de los Títulos de Merced. A pesar de lo que señala el ministro, este trabajo ya se encuentra realizado por la CONADI, quien conforme al artículo 15 de la Ley 19.253 dispone de un registro público de las Tierras Indígenas, entre las cuales se incluyen los títulos de Merced.
Además, Moreno descarta la utilización del concepto de “tierras antiguas” o “tierras ancestrales” marcando una diferencia con el lenguaje utilizado por el Presidente Boric, dejando entrever que la principal tarea de la comisión será agilizar la entrega de tierras a las 720 comunidades habilitadas para recibir tierras la fecha según registros de la CONADI. A partir de las declaraciones de Moreno, se puede anticipar que la Comisión lejos de lograr la Paz, será un agente inmobiliario cuya principal tarea será agilizar las compraventas de tierra que actualmente realiza CONADI.
Estas declaraciones son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, en especial, a instrumentos internacionales como el Convenio N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (en especial Parte II sobre Tierras, artículos 13 al 19) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículos 25 y siguientes).
Más aún, estas declaraciones son más regresivas que las recomendaciones realizadas por la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los pueblos indígenas (p. 540), en la cual se establece la necesidad de “demarcación, titulación y protección de aquellas tierras sobre las cuales se demuestre propiedad ancestral indígena”. Incluso la Ley Indígena, más allá de todas sus debilidades, reconoce la existencia de tierras indígenas más allá de las propiedades consignadas en títulos de merced.
Por otro lado, la Comisión utiliza una denominación genérica de víctimas de violencia, a propósito de la cual Alfredo Moreno enfatiza como una de las prioridades de la comisión, expresando abiertamente en su entrevista para la sección de Reportajes de El Mercurio (25.06.2023) que las empresas que han perdido sus activos como víctimas de la violencia. Entre estas empresas se encuentran principalmente las forestales, uno de los grandes responsables de la situación que se vive en Wallmapu. Además, la integración de Naveillán en la comisión apunta a que las “víctimas de violencia rural” no mapuches tengan un rol importante en esta comisión.
Crónica de un fracaso anunciado
En definitiva, la Comisión por la Paz y el Entendimiento no incluye a los sectores autonomistas mapuche, en especial, aquellas organizaciones y comunidades que reivindican una estrategia de liberación nacional.
En sus objetivos no se vislumbra la paz, sino mecanismos de restitución de tierras, dejando las políticas de seguridad en la región en manos del Gobierno, el cual ha demostrado tener una línea similar a sus predecesores.
Todas las medidas de recomendación legislativa deberán pasar por el Congreso, por lo cual es altamente probable que a pesar de que en ella se celebren acuerdos (difícil imaginar un acuerdo entre Naveillán y Millabur) todos los cambios sustanciales pasarán por el Congreso, los cuales serían tramitados a finales de 2024 o a partir del año 2025.
Además, en virtud de cómo se está planteando el trabajo de comisión en materia de definición de “tierras indígenas” por uno de sus principales integrantes, restringida a los títulos de merced, eventualmente la Comisión elaborará propuestas propias de una agencia inmobiliaria a una Comisión por la Paz y el Entendimiento.
Pareciera ser que ésta será una Comisión más de las que se han constituido en los últimos 30 años. De seguro no será la última. Pareciera ser que el Gobierno siguió la frase que se le atribuye a Napoleón: “Si quieres que algo no funcione, crea una comisión”.
https://www.infonovena.cl/la-comision-para-la-paz-y-el-entendimiento-esta-destinada-al-fracaso/
