«En cuanto al fondo, no resulta menor indicar que esta querella iniciada en el año 2020 surge cuando Luis Hermosilla era asesor jurídico del Ministerio del Interior y tenía contacto con el ex director de la PDI, Héctor Espinosa, ambos hoy llevados a tribunales por causas de corrupción y otros ilícitos por determinar.
Por: Margarita Labarca Goddard – Abogado
Publicado en POLITIKA
19 de mayo de 2024
¿Cómo que sin pruebas? Pues así es.
La mayoría de las pruebas provienen del propio teléfono celular de Llaitul, que primero se lo intervinieron y después simplemente se lo incautaron y lo destriparon completo.
¿Esto es válido? Claro que no, porque en caso de hacerse, tiene que ser con autorización del juez de garantías. Por ahí dicen los policías que se pidió autorización, pero en la sentencia tal autorización no aparece. ¿Estará en otro lugar, en otro expediente tal vez? Quizás, pero la cosa se menciona muy al pasar.
No obstante, en su clásica tesis denominada «La prueba ilícita en las diligencias limitativas de derechos fundamentales en el proceso penal chileno. Algunos problemas», Raúl Núñez Ojeda sostiene que los requisitos de procedencia de la medida, siendo lo más importante la orden judicial que lo autorice, establece, por mandato legal, la forma de practicar la diligencia, su oportunidad, la persona afectada, y su duración; constituyendo esto un límite de acción y, en caso de ser excedido, la medida decaerá en ilegítima (art. 222 del CPP)
Lo cierto es que los teléfonos celulares incautados no prueban nada porque pueden ser alterados, cambiados, borrados o su contenido o falsificado por los especialistas.
Y en este caso tenemos al especialista: el perito en electro-ingeniería Daniel Cuevas Rojas. Los funcionarios policiales aseguran que la información fue extraída con rigor científico sin ningún tipo de manipulación adulteración. ¿Rigor científico? Y de ahí sacan la siguiente conclusión:
«Esta información permite concluir inequívocamente que el acusado no sólo hace un llamado o apología a la lucha frontal contra las empresas forestales, sino que insta, organiza, planifica, dirige muchos de los atentados perpetrados por la CAM o con el apoyo de la CAM.»
Y estas conclusiones tan aventuradas ¿En qué se basan?
Como soy abogada vieja, me pareció que se podría haber cuestionado mucho más la validez de estas pruebas y sus absurdas conclusiones. Entonces se me ocurrió la idea de llamar a un buen abogado en Chile para que colaborara, ayudara, tratara de meter mano en esto.
Me comuniqué telefónicamente desde México con el estudio de Nelson Caucoto, y una secretaria me dijo que él no estaba. Más o menos le expliqué a la señorita de qué se trataba y después le envié un mensaje bastante detallado al correo del grupo Caucoto, incluyendo un somero análisis de la sentencia que tiene más de 400 páginas.
Después de varios días no hay acuse de recibo ni menos una respuesta. Desgraciadamente el hombre no se interesó, a pesar de que en su despacho cuenta con 6 o 7 abogados de primera categoría.
Dicen los múltiples querellantes que la búsqueda de cambios o reformas a que aspira el imputado, que pudieran aparecer como loables, exceden lo permitido por nuestro Ordenamiento Jurídico, compuesto por la Constitución y la Ley de Seguridad del Estado de Pinochet.
En suma, todas las pruebas son sacadas de declaraciones que le habría hecho Llaitul a un periodista en la calle, para más detalle se informa que fue «a la sombra del cerro Ñielol».
Sacadas también de declaraciones en redes sociales, en programas de televisión, en una estrafalaria radio Kveruff, etc., pruebas que carecen de todo valor porque no se hicieron ni se ratificaron ante el Tribunal. Las excelentes abogadas que lo han defendido son dos chicas jóvenes de Concepción, que han hecho todo lo posible, pero lo posible resultó imposible y perdieron esta parte del juicio.
¿Y qué dice el propio Héctor Llaitul al respecto? Esto:
«Hay aspectos que dicen relación con este juicio en mi contra y que pueden ser cuestionados de forma y fondo, porque hay algunas pruebas presentadas por Fiscalía que vulneran el debido proceso, como por ejemplo, el uso de los testigos sin rostro y el hackeo con el mismo programa software israelí para infiltración de inteligencia para obtener los datos desde un aparato celular».
En entrevista con el newsletter Diagonal Biobío, el werkén aseguró:
«en cuanto al fondo, no resulta menor indicar que esta querella iniciada en el año 2020 surge cuando Luis Hermosilla era asesor jurídico del Ministerio del Interior y tenía contacto con el ex director de la PDI, Héctor Espinosa, ambos hoy llevados a tribunales por causas de corrupción y otros ilícitos por determinar. Se puede concluir que Hermosilla incluso fue uno de los que participó en la redacción de la querella o sus alcances».
Actualmente, son dos las familias las dueñas de prácticamente toda la industria forestal del país. Por un lado, el grupo Matte que controla la «Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones» (CMPC), y el grupo Angelini, dueño de «Celulosa Arauco». Ambas empresas controlan el 70% del negocio forestal, que produce más de 4 millones de toneladas de celulosa anualmente.
La riqueza acumulada por estas familias a través de la explotación forestal, se acrecentó durante la dictadura. El decreto Ley 701 del año 1974, vigente hasta la actualidad con mínimas modificaciones, conocido como ley al «fomento forestal», subsidia con un 75% de los recursos las plantaciones de monocultivos de pinos y eucaliptos. El Estado con este «subsidio» a las empresas, promovió la destrucción paulatina del bosque nativo que ha sido reemplazado por plantaciones de pinos y eucaliptus rentables para el negocio forestal y que se incendian con un soplo cálido porque tienen resinas inflamables.
También está la empresa Bosques Cautín S.A. que es una de las querellantes y cuenta con cerca de 25.000 hectáreas de plantaciones de eucaliptus para la producción de celulosa, además de una planta de astillado de gran capacidad.
Por otra parte, lo más chocante en esto es que un gobierno que se dice de izquierda continúe promocionando la querella que inició Sebastián Piñera y no sólo acepte sino que celebre la condena.
La ministro del Interior, doña Carolina Tohá, ha dicho que el Gobierno considera esta condena como «un logro importante» y que «hoy, se marca un hito».
Muy cierto, señora, se marca un hito en la infamia porque se está defendiendo a las empresas madereras que nacieron con el decreto 701 de la dictadura, y cuyo iniciador y campeón fue Julio Ponce Lerou , yerno de Pinochet que sigue siendo uno de los hombres más ricos y poderosos de Chile.
Al defender gran parte de la obra de la dictadura, al apoyarse en sus leyes, este gobierno está ayudando a los que asesinaron a nuestras víctimas, entre las cuales se halla ese gran hombre que fue José Tohá, estrangulado hace exactamente 50 años por esbirros de Pinochet. Porque el dictador mandó a asesinar a todos los que habían sido testigos de sus actitudes serviles y rastreras ante el presidente Allende.
No me voy a poner ahora a defender a los indígenas mapuche ni a sus dirigentes para no alargarme más. Todas las personas decentes en Chile y también en el exterior conocen el problema porque afecta a la mayoría de quienes fueron, hace miles de años, los habitantes originarios de este Continente y que fueron despojados, asesinados y despreciados por el colonizador.
Todos sabemos que la parte de la Araucanía ocupada por los mapuche es una de las regiones más pobres del país. Y todos o casi todos hemos visto las fotos de mujeres mapuche caminando por la nieve pies desnudos…
Por lo tanto repito: lo que procede si es que se ratifica esta infame sentencia después de los recursos que se entablen, es exigir el indulto para Héctor Llaitul Catrillanca.
A lo mejor la memoria de su padre -asesinado hace 50 años- inspira de pronto a nuestra Ministro del interior…
