- “Nos hacemos cargo de la alimentación de las familias y por la industrialización del mar por la salmoniculutra, hemos ido perdiendo espacios”.
- «No existe una irrupción de las mujeres en la pesca artesanal, han estado siempre.”.
- La toma de decisiones es un “espacio que no se logra compartir, sigue estando en manos de hombres”.
- «La Soberanía Alimentaria no se comprende. Nosotras hablamos de cómo comer, qué comer y cómo recolectamos, los pescadores hombres se centran en la repartición de cuotas de pesca.»
Santiago de Chile, 8 de marzo 2024 (Ecoceanos News)-En el contexto de la conmemoración del 8 de marzo, Ecocéanos News conversó con tres dirigentas de organizaciones de comunidades costeras, pesca artesanal y de pueblos originarios respecto a las demandas y desafíos que enfrentan sus comunidades y territorios, en medio de los procesos de privatización y expansión de la mega industria salmonera, las dificultades para insertarse en espacios altamente masculinizados que tienden a excluirlas de la toma de decisiones, al amparo de una institucionalidad pesquera y acuícola machista.
Se trata de mujeres con un fuerte arraigo territorial, un extenso y comprometido trabajo comunitario donde han unido la articulación, la lucha y la resistencia por el buen vivir. También han ejercido las críticas hacia el Estado neoliberal respecto al desarrollo e implementación de políticas públicas en materia de conservación de la biodiversidad marina y de equidad de género, buscando fortalecer colectivamente las organizaciones, incentivar la reflexión, para posteriormente impulsar las movilizaciones para satisfacer las necesidades y demandas de sus comunidades.
Cuando las políticas de Estado son la principal amenaza para la vida de las mujeres
La dirigente mapuche huilliche Yohana Cañuecar Llancapani, Coordinadora de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, y miembro de la Comunidad Indígena Ad Mapu Ka Lafquen de Isla LLanchid, comuna de Hualaihué, región de los Lagos, plantea que el foco movilizador está asociado a reivindicar el mar como un territorio fundamental para la vida de las mujeres.
“Vivimos en el borde costero marino y nuestra principal defensa es por el territorio que nos alberga de cultura, de educación y de espiritualidad. Nos organizamos porque hemos vivido muchos años de atropellos en nuestros territorios costeros por la industrialización del mar y por la sobreexplotación de los recursos, que son la base de nuestra alimentación y de la economía local, que mayoritariamente desarrollan las mujeres”.
Para Johanna Cañuecar, la principal amenaza para la vida de las mujeres son las políticas de Estado que segregan los territorios y los confinan a la industrialización, sin considerar las necesidades que tienen los pueblos indígenas. “La liviandad con que se ejecutan proyectos extractivistas en los territorios indígenas afecta principalmente a las mujeres, porque nosotras tenemos que hacernos cargo de la alimentación de nuestras familias. También la industrialización del mar -mayoritariamente a través de la actividad salmonera- nos ha hecho perder espacios donde podríamos obtener nuestro alimento”.
El Estado de Chile ha firmado tratados internacionales para promover el buen trato hacia las mujeres, especialmente indígenas, que no se aplican en la práctica en los territorios. “A través de las políticas de Estado se permite la vulneración de los derechos de las mujeres, atropellos y racismo. El no cumplir los acuerdos internacionales permite que otros actores se aprovechen para seguir vulnerando los derechos de las comunidades costeras y de los pueblos indígenas, sometidos a una discriminación permanente”.
La dirigenta mapuche huilliche advierte que la Ley de Pesca y Acuicultura no reconoce la existencia de los pueblos indígenas costeros que hacen uso del mar. “No ha habido la intención por parte del gobierno de Gabriel Boric de invitarnos a ser partícipe de la discusión de la nueva ley, a presentar nuestras propuestas, a mirar el mar, no solamente como un espacio extractivista, sino de cuidado. Lo que justamente los espacios costeros propician en defensa de la soberanía alimentaria”.
Johanna Cañuecar acusa que constantemente se intentan recortar sus legítimos derechos territoriales y colectivos en los Espacios Costeros Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), que buscan reconocer el uso consuetudinario sobre la zona costera y proteger los derechos patrimoniales y la biodiversidad en el espacio marítimo.
La reciente decisión de la Comisión de Uso de Borde Costero (CRUB) de Aysén que votó contra de la creación de dos ECMPOs solicitados por las comunidades Mapuche – Huilliche bajo el alero de la Ley Lafkenche fue un “acto racista, violento”.
Para Coñuecar esta fue “una votación forzada que contribuyó a darle mayor amplitud de derechos a la industria salmonera, prevaleciendo el desarrollo económico como factor principal de las regiones. Sin embargo, esto no le garantiza a los pueblos indígenas y a los pueblos de pescadores el conservar su cultura”.
“Mediante mentiras lograron instalar el discurso que el poder económico es lo más relevante para hacer surgir una región. Pero no consideran a quienes más componen la región. Se instala la idea que los espacios costeros no van a permitir el desarrollo, siendo que son un verdadero aporte a la soberanía alimentaria y a la economía local”, precisa.
El rechazo a las dos ECMPOs por parte de la CRUB se sustentó con “argumentos básicos, con una ceguera y sordera tremenda que no se había visto en la historia de las comisiones regionales a nivel país”.
La Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar busca participar con propuestas desde los territorios en los procesos políticos y de incidencia, vinculados a la garantía de sus derechos como mujeres de pueblos originarios y de espacios costeros. Para ello están trabajando en fortalecer la articulación con mujeres originarias de otros pueblos y territorios costeros marinos: Yagan, Diaguita y Chango.
“Las comunidades indígenas son lideradas por mujeres, quienes han asumido un rol de liderazgo muy importante en los territorios. Eso implica generar formación y capacidades. Nuestra Red busca articular a más mujeres para compartir conocimiento, hacer capacitaciones y entregar herramientas de defensa de los territorios”.
Enfrentando una institucionalidad pesquera machista
Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, y presidenta del Sindicato de Mujeres Algueras de Coliumo, asegura que en los últimos años se han empeñado en avanzar en políticas públicas relacionadas con la dignidad laboral de las mujeres del mar. Esto implica el reconocimiento de las pescadoras artesanales y de las mujeres que se desempeñan en actividades conexas del borde costero -las que son en su mayoría ancestrales-, el rescate del patrimonio inmaterial, la visibilización de los espacios de participación, y el ser parte de manera equitativa en la toma de decisiones, entre otros aspectos.
La Corporación viene realizando un trabajo activo desde hace cinco años cuando se impulsó la Ley N° 21.370, promulgada en 2021, que modifica diversos cuerpos legales con el fin de promover la equidad de género en el sector pesquero y acuícola.
Sara Garrido advierte que los compañeros hombres en las caletas todavía no logran comprender el rol que cumplen las mujeres. “No existe una irrupción de las mujeres en la pesca artesanal, han estado siempre. El problema es que están invisibles, escondidas. Eso ha significado que las políticas públicas nunca han estado respondiendo a las necesidades que tienen las mujeres. La institucionalidad pesquera es machista”.
Para la dirigenta de la región de Biobío, la resistencia mayor es la participación de las mujeres en la toma de decisiones. “Ese es el espacio que no se logra compartir, sigue estando en manos de los hombres”, denuncia.
“El Estado tiene que crear leyes para que las mujeres estén en los espacios de toma de decisiones de las políticas de desarrollo pesquero local y nacional, de lo contrario van a seguir siendo invisibles”.
Sara Garrido percibe voluntad política por parte del Estado en instalar el enfoque de género en lo relacionado con infraestructura portuaria, pero tiene que hacerse ley porque si no queda al arbitrio de la administración de turno. “Hemos pedido galpones para las encarnadoras, algueras y las rederas, así como espacios laborales dignos para las fileteadoras. La cadena productiva de la pesca artesanal y sus actividades conexas son realizadas mayoritariamente por mujeres”.
La Corporación se encuentra trabajando para incidir en la tramitación de la nueva Ley de Pesca. “El proyecto de ley, dentro de los cuatro componentes más importantes, contempla el enfoque de género, porque fuimos escuchadas. Ahora necesitamos que sea ley, lo que dependerá de nuestra participación e incidencia política en el Parlamento”.
Sara Garrido señala que “la institucionalidad pesquera no ha hecho un buen trabajo”. Más del 90% de las pesquerías se encuentra en estado de colapso, por lo que difícilmente habrá una apertura de los registros (99% cerrados) para que las mujeres tengan la oportunidad de inscribirse y estar sujeta a una cuota, o al derecho a una pescadería determinada.
“Necesitamos políticas públicas y una institucionalidad seria y responsable para que avancemos en recuperar esas pesquerías que son del pueblo, y por sobre todo son soberanía alimentaria”.
La Corporación tiene alcance nacional, teniendo algunas regiones mejor posicionadas y con mayor incidencia. Un dato preocupante es el de la región de Los Lagos, donde existen 12 mil mujeres inscritas en la pesca artesanal, pero su participación es nula.
Soberanía Alimentaria en sector costero con mujeres algueras y recolectoras
Gisella Olguín Godoy, fundadora del Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Tierra y el Mar de ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas), afirma que es importante para las mujeres que la pesca artesanal sea reconocida legalmente como trabajo, además parte fundamental de la soberanía alimentaria del país.
“A diferencia de lo que ocurre en el campo, en la pesca no se habla de soberanía alimentaria. Nosotras a través de la pesca artesanal y de la recolección de orilla, de las mismas actividades conexas, alimentamos a la población. Al contrario de lo que hace la industria”.
Desde Bucalemu, comuna de Paredones, región de O’Higgins, Gisella Olguín destaca que es importante reconocer el trabajo de las mujeres del mar, que proveen de alimentos de calidad a las familias y comunidades, porque también les permite avanzar en seguridad social.
“Es necesario relevar el tema de la soberanía alimentaria, porque no se comprende la magnitud de lo que eso significa cuando nosotras hablamos de cómo comer, qué comer y cómo recolectamos. Los pescadores hombres no lo tienen en su discurso, el que se centra sólo en la repartición de las cuotas de pesca, cuánto para la industria y cuánto para los artesanales”.
Desde el Congreso Nacional de ANAMURI del año pasado se trazó el camino de posicionar en la agenda la soberanía alimentaria en toda su amplitud, como principio de lucha y resistencia al control capitalista de los alimentos, y en defensa del derecho a la alimentación. Por ello tomaron el desafío de trabajar con las mujeres de la Red Nacional, con quienes esperan presentar una iniciativa para que la soberanía alimentaria se incorpore en la nueva Ley de Pesca.
La Red Nacional y ANAMURI buscan incidir en la tramitación de la nueva ley en el Parlamento. “No podemos seguir con una ley corrupta, que además privatiza los recursos, y es excluyente no sólo con la pesca artesanal, sino con las mujeres, en particular. Queremos desarrollar nuestra identidad territorial, avanzar en seguridad social, visibilizar la cadena productiva donde están las mujeres. Por eso estamos participando en las comisiones”.
Para la dirigenta, lo que se ha avanzado en materia de ley es gracias a las organizaciones. “La Ley 21.370, que incorpora el enfoque de género en las actividades conexas fundamentales en la cadena de desarrollo productivo de la pesca, donde la mayoría que las realizan son mujeres, nació de las organizaciones de mujeres de base del sur. El gobierno debía implementar la ley, pero “la institucionalidad no ha estado a la altura. Nosotros avanzamos y después el gobierno se suma”.
Las organizaciones han trabajado apoyando a las mujeres, difundiendo la Ley 21.370 a través de la realización de talleres y conversatorios. “Le estamos haciendo la pega a la autoridad, y eso nos juega en contra, ya que las caletas están en su mayoría integradas por hombres, y es muy difícil que nos cedan espacios. El ambiente en la caleta es super machista, así como en el sector de la pesca en general. Además, cuesta que las mujeres se vayan empoderando de estas mismas leyes que promueven la participación de las mujeres, surgiendo la pregunta ¿cómo participamos, si los hombres no nos escuchan, solo escuchan a la autoridad?”.
Si bien el proyecto de ley para caletas pesqueras con enfoque de género aún está en el Senado, se requiere su urgente avance porque “el desarrollo de infraestructura no es adecuado para las mujeres. Ni en las caletas ni en los asentamientos donde las mujeres arriban durante los meses de verano a trabajar en la recolección de orilla. La institucionalidad de la pesca tiene que moverse en reeducar la gestión del espacio de la pesca artesanal porque es ahí donde estamos aún con muchas brechas y dificultades, además de luchar solas como organizaciones de mujeres”.
