“Uno de los múltiples impactos del modelo forestal en Osorno y San Juan de la Costa, Fütawillimapu, gran territorio del Sur, es la contaminación por pesticidas, que se enmarca en la profundización del modelo neoliberal y extractivismo en Chile. Ante ello, comunidades Mapuche Williche y organizaciones campesinas y rurales se mantienen en alerta en los territorios de Forrahue, Huillinco y Popoén, exigiendo el fin de las fumigaciones”.
Por Martina Paillacar Mutizábal, periodista/ Colaboran: Dasten Julian Vejar, sociólogo y Constanza Mancilla, apoyo en comunicaciones. Fotografías: Martina Paillacar M.
Los impactos de las plantaciones de monocultivos de eucaliptus y pino de la industria forestal en Osorno y San Juan de la Costa, Fütawillimapu, son múltiples: la concentración de la propiedad, la sequía, la erosión del suelo, la contaminación, el riesgo de incendios forestales, la pérdida y disminución del Itrofil mongen-la interacción e interdependencia de múltiples vidas de la biodiversidad- la precarización laboral, entre muchos otros. Se trata de impactos sociales y ambientales ampliamente documentados, por evidencia e investigación científica, que se refieren a las graves consecuencias que ha tenido la implementación de este modelo económico para el pueblo Mapuche y las comunidades rurales en el sur de Chile.
Uno de los múltiples impactos del modelo forestal es la contaminación por pesticidas, agroquímicos utilizados en el marco de la expansión de la agroindustria y el extractivismo forestal en Chile, generando serios daños a las actividades económicas de subsistencia, a la economía familiar, a la soberanía y seguridad alimentaria y la vida rural en general.
En el caso de los territorios de Forrahue y Huillinco, comuna de Osorno y de Popoén, comuna de San Juan de la Costa, la indiscriminada fumigación con pesticidas mantiene en alerta a las comunidades Mapuche Williche y a las organizaciones campesinas rurales, ya que han ocurrido situaciones de intoxicación, contaminación y daños por parte de las empresas forestales en el sector.
En mayo de 2023, comunidades organizadas de Forrahue y Huillinco, territorios ancestrales Mapuche Williche de la Comuna de Osorno, denunciaban “el ecocidio por fumigación”, exigiendo la intervención de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno, representada por Claudia Pailalef.
Ello tras la notificación de aplicación realizada a las comunidades por parte de la empresa Tripan Soluciones Forestales y en la cual se señalaba que el sector del Predio Ávila I en Forrahue sería fumigado con los pesticidas: “Aliado Forestal” (Metsulfurón metilo), “Faena FG” (que contiene Glifosato-monoamonio), “Triclón” (Triclopir-butotilo) y “Silwet” (Propilheptametiltrisilozano). Tripan Soluciones Forestales fue contratada por la empresa Forestal Vista Hermosa, propietaria de las plantaciones, que colinda con numerosos predios familiares y de comunidades Mapuche.
Así, la Comunidad Indígena Guaiquipán de Huillinco, la Comunidad indígena de Forrahue, la Asociación indígena Melileufu de Forrahue Bajo, la Apr Kvme Mongen, la Apr Huillinco, la Apr Pukoiwe, además del Centro de Padres y Club de Adultos Mayores de Forrahue, se reunieron para exigir la no utilización del cuestionado herbicida, dado los riesgos que representa para la salud humana y medioambiental, lo cual ha sido reconocido a nivel mundial.
Sin embargo, en el caso de Chile, el Glifosato es autorizado y comercializado bajo etiqueta verde, es decir, según la reglamentación vigente, se trataría de un producto que no presentaría peligros para la salud humana. Cabe destacar que en el país, la formulación de Glifosato, es decir, el diseño químico de los componentes, junto al coformulante Tallowamina polietoxilada, está prohibida para su elaboración en el país. Sin embargo, el Glifosato es comercializado ampliamente. En otros países como en Argentina, a modo de ejemplo, recientemente se prohibió el Glifosato, en Misiones al igual que en Chubut. En tanto, en algunos países de la Unión Europea, se encuentra prohibido, la Comisión Europea discute la renovación de su autorización.
Al respecto, Bernardo Rumian Lemuy, Apo Ülmen de la organización ancestral Wiñosuam, del territorio Künko, reflexiona: “Los pesticidas afectan al Machi, al Lawentufo y al lawen. Para hacer lawen, se necesitan elementos puros, por eso tanto las plantas como el agua deben estar limpias, libres de fumigaciones”.
Frente a la falta de información y de regulación de la actividad de las empresas, Rumian agrega que: “No se sabe qué químicos se están usando, no hay control, las reglamentaciones que existen son para las forestales, no hay regulación para una verdadera fiscalización. Además, hay muchas otras leyes relacionadas que no se están aplicando”. Por ello, señala que: “De forma urgente, se necesitan medidas para cubrir los vacíos legales respecto a las fumigaciones forestales”.
Por su parte, Rodolfo Balbontín Leal, campesino de Forrahue e integrante del Programa de Agua Potable rural, Apr Kvme Mongen, explica: “Nos informaron que la forestal Vista Hermosa aplicaría cuatro químicos altamente tóxicos, entre ellos Glifosato y Silwet. A pesar de su etiqueta de color verde, estos permanecen largo tiempo en el suelo, matando todo ser vivo y afectando a la gente del sector. Nos oponemos a que se siga fumigando”, enfatiza.
Seguidamente, y tras la notificación de aplicación, las comunidades se organizaron para oponerse a la fumigación, para ello se reunieron con todos los organismos relacionados para exponer su problemática, entre ellos la Delegación presidencial, la Corporación Nacional Forestal, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y la Seremía de Salud. Sin embargo, la Secretaría Regional Ministerial de Medioambiente no se hizo presente. Expusieron su problemática respecto a las fumigaciones, dado que en el territorio se utilizan ampliamente en el sector forestal pero también por una agricultura intensiva y plantaciones de avellanos europeos y de cerezos de exportación, entre otros, en las cuales se utiliza una alta cantidad de agrotóxicos.
“Nos dimos cuenta- comenta Balbontín- que hay una normativa muy permisiva respecto a los pesticidas, que sólo protege a los trabajadores de las empresas forestales, pero no así a las personas de las comunidades. Además, existe un escaso presupuesto para fiscalizar y aplicar normas adecuadas”.
Así, agrega: “Hay que pensar en un cambio profundo como sociedad, en un cambio de paradigma de vida y hacer conciencia frente al modelo de producción de acumulación de riqueza, que nos rige desde el 73’ en adelante en Chile para lograr un respeto a la naturaleza y a las comunidades”. Finalmente, enfatiza que: “Los Pueblos Originarios han sido arrinconados y dadas las luchas por recuperación de los territorios, el Estado junto a grandes empresas responden realizando grandes negocios que impiden a la gente seguir viviendo en sus propios territorios. Quieren desalojarnos, quieren continuar con el despojo”.
Por su parte, Óscar Aburto, Director de la Escuela Rural de Forrahue- que se encuentra junto a la estación médico rural- explica que su escuela, de treinta y nueve estudiantes de primero a octavo básico, se encuentra rodeada por plantaciones de Eucaliptus. Así, menciona que: “Las fumigaciones conllevan un daño a las comunidades que conviven junto a las plantaciones, como es el caso de nuestra escuela. La flora y fauna del sector también se ve afectada. Además -agrega- están los peligros de los incendios forestales. Las autoridades deben velar por el bienestar de las comunidades. No se debería forestar tan cerca de las escuelas”, comenta.
Imagen: Las forestales se imponen frente a la escuela rural de Forrahue, ocasionando la permanente amenaza de incendios forestales.
Reivindicaciones Mapuche Williche frente al dominio forestal en Popoén
En tanto, en Popoén, territorio Mapuche Williche ubicado a 40 kilómetros al oeste de Osorno, las fumigaciones en plantaciones forestales han ocasionado numerosos daños en el territorio. En dicho sector, las principales forestales son Anchile S.A y Arauco S.A., las cuales se han instalado desde el año 1990, a partir de la compra de tierras producto del despojo y colonización.
Las comunidades Mapuche Williche de Popoén y Mapulafken han denunciado las negativas consecuencias de la utilización de pesticidas en el sector forestal y que significó que en 2021, se enfermaran personas, murieran animales y se destruyeran humedales rurales. Ello, junto a otros antecedentes de la devastación forestal en el territorio, originó que, junto al municipio de San Juan de la Costa, solicitaran a CONADI la protección del humedal y la restitución de 500 hectáreas aproximadas de territorio ancestral Mapuche Williche.
Al respecto, la lawentuchefe de Popoén, Haydée Mera Colihuechún, relata sobre el proceso de reivindicación y recuperación territorial ancestral que llevan adelante como comunidad.
“Cuando llegó la forestal japonesa Anchile en los años 90, la forestal nos empezó a arrinconar, destruyeron miles de árboles nativos, los arrumaron y quemaron. En ese entonces estuvimos afectados también por las fumigaciones forestales, vivimos una gran tragedia”.
Luego, relata: “En 2021, fuimos dañados por la fumigación de la misma empresa, los animales murieron, se dañaron las huertas, se contaminó el agua, se destruyeron los humedales. Por todo lo anterior, como comunidad afectada, nunca más vamos a permitir fumigación forestal, nosotros estamos sufriendo, y la empresa jamás nos ha tenido consideración como personas”, enfatiza.
En tanto, Aladín Mera Colihuechún, integrante de la comunidad de Popoén, explica: “Con la fumigación realizada, se contaminó el estero Panqueco, matando peces y aves. En San Juan de la Costa –agrega– hay un enorme problema con el agua, con la pobreza, la gente con dificultad puede subsistir”. Esa tarde, cerca de la Sede Vecinal, el puma mató a 18 ovejas de ganadería familiar. Aladín explica que esto se relaciona con el modelo forestal: “esto se da por la pérdida de alimentación y territorio que tienen los pumas, dada la instalación de las forestales. En el territorio hay un fracaso del modelo forestal.”
Imagen: Comunidad de Popoén, Fütawillimapu inicia proceso de recuperación y reivindicación territorial.
Por su parte, Carolina Soto Saldivia, quien vive en Popoén y es presidenta del Comité de Salud de Popoén, comenta respecto al caso de contaminación en 2021: “En ese entonces bebimos agua contaminada, en el sector niños y adultos mayores se enfermaron de dolor de estómagos y vómitos” Así, agrega: “Nos hicieron exámenes en la posta, pero mucho tiempo después. Las siembras y plantas se contaminan y todo eso termina dañando la salud de las personas. Las autoridades deberían salir a terreno y ver las necesidades que tenemos en el sector”.
Finalmente, Armin Mera, presidente del Comité de Agua e integrante de la Comunidad de Popoén, comenta: “Me siento triste por el daño de contaminación de Anchile, que dañó flora y fauna, y contaminó las aguas, dañaron todo el sistema junto al río. Además, pasaron con máquinas encima de los humedales”.
Así, añade: “Como comunidad estamos dolidos, y ya no tenemos la confianza de tomar el agua ni de plantar. El daño fue mucho”.
Esta situación fue acompañada por el anuncio gubernamental de la negación de recursos económicos para camiones aljibe para acceder al vital elemento del agua y abastecer con ello a comunidades rurales de San Juan de la Costa y Río Negro. Así, Armin comentaba: “Es impactante, no sé qué vamos a hacer para tomar agua, para todo se necesita agua”.
Finaliza reflexionando: “No queremos más plantaciones forestales ni fumigaciones en el territorio”.
En tanto, recientemente, el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, José Guajardo, anunció tres medidas, en el marco del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (2001) y el Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional(2005). Estas medidas son la prohibición de catorce sustancias activas de plaguicidas, que en Chile no se encuentran vigentes, de modo que en la práctica no tendría efectos significativos.
Por otra parte, promueve una normativa que establece condiciones y requisitos para la autorización de plaguicidas naturales químicos a partir de extractos naturales de baja preocupación- bioplaguicidas, en base a extractos naturales, y finalmente, se refiere a la creación de una comisión asesora público-privada para modernizar la legislación vigente sobre agroquímicos. ¿Serán las familias, comunidades Mapuche y organizaciones campesinas afectadas por los plaguicidas, consideradas en aquella comisión? ¿O una vez más, se priorizarán los intereses económicos de las empresas privadas por sobre la salud humana y medioambiental?
Las consecuencias de los pesticidas son de gran profundidad y tienen un componente en común: el daño a la salud humana y medioambiental hacia las comunidades Mapuche Williche y a las comunidades rurales del territorio de la Fütawillimapu. Evidencian además una afectación a los derechos colectivos e individuales del Pueblo Mapuche Williche, afectando entre ellos los derechos respecto a las decisiones político-territoriales como a la autonomía y libre determinación, el derecho a la salud, a la soberanía y seguridad alimentaria, a vivir en un medioambiente libre de contaminación, entre otros, derechos que se encuentran vigentes y ratificados por Chile en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Convenio 169 de la OIT, entre otros.
El asedio sistemático a los territorios por parte de las empresas forestales, especialmente a través del uso de pesticidas, permiten considerar una forma de violencia, despojo y racismo contra las comunidades Mapuche Williche de San Juan de la Costa.
El cercamiento enfrentado en términos de la propiedad, el daño al itrofil mongen, la destrucción de las fuentes económicas alternativas a las forestales, la falta de instituciones fiscalizadoras, la contaminación de la naturaleza, el agotamiento de las fuentes hídricas, entre muchos otros, interpelan a las autoridades políticas a tomar medidas, especialmente considerando las necesidades y demandas de las comunidades de prohibir el Glifosato por el evidente daño a la salud, a su forma de vida (Küme Mögen), y a sus fuentes vitales de vida (Mapu).
