- «El futuro Gobierno puede perfectamente desconocer el alcance de esta comisión porque no tiene un anclaje constitucional. Por eso tengo que plantearlo, aunque haya sectores que digan que no”, señala el actual consejero constitucional Alihuen Antileo, al ser consultado por la reciente creación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
- Refiriéndose a la incidencia que puede tener su participación, en el segundo proceso para redactar una nueva constitución chilena, asume que incorporará esta propuesta, buscando el apoyo de los sectores oficialistas: Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista. De no obtenerlo, «el movimiento indígena y mapuche va a tener claro que este Gobierno no quiere dar ningún tipo más de garantías».
Lea la entrevista completa publicada en el medio elpais.com este 30 de junio de 2023
Alihuen Antileo, consejero mapuche: “La comisión de restitución de tierras de Boric debe quedar en la Constitución”
El único integrante del Consejo Constitucional chileno electo por escaños reservados destaca el plan que el presidente de Chile acaba de lanzar para el pueblo mapuche
Por Ana María Sanhueza
Es un escenario complejo el que tiene Alihuen Antileo Navarrete (Temuco, 59 años) en el Consejo Constitucional chileno, el segundo intento del país por tener una nueva Carta Magna después del fracaso de 2022, cuando un 62% votó en contra de la propuesta de la Convención Constitucional que consagraba a Chile como un Estado Plurinacional. A diferencia del proceso anterior, en el que de 154 integrantes 17 pertenecían a los pueblos indígenas, en mayo solo él resultó electo por el pueblo mapuche. “Que ganara el rechazo en septiembre del año pasado fue una profunda decepción. No solo hablamos de una derrota electoral, sino de una oportunidad y un ciclo. Participo del movimiento indígena hace 30 años y sé que una ventana histórica, jurídica y constitucional como esa, no la vuelvo a ver. Eso lo tengo claro”, dice Antileo a EL PAÍS.
Se explaya, con pragmatismo: “Para mí la convención de 2021-2022 ya es historia. Es una lección aprendida, un tema para sociólogos o antropólogos. Ya fue, y el resultado fue rechazo. Se presentaron 50 artículos y ahora tenemos cero. Yo parto de esa realidad y ahora me corresponde estar otro momento, con una composición política distinta que no es favorable para los derechos de los pueblos indígenas. Parto en una situación de desventaja y ya no de tratar de consagrar 50 artículos, pero, a lo menos tres, cuatro o cinco que puedan representar una base”.
Esas propuestas serán normas sobre escaños reservados tanto para el Congreso como para los gobiernos regionales y comunales; el reconocimiento de los derechos colectivos en la Constitución “y, sin duda, adicionalmente voy a plantear el tema de la restitución de tierras del pueblo mapuche y pueblos indígenas, pues es una demanda histórica”.
Antileo, vocero de la Plataforma Política Mapuche (PPM), fue elegido en mayo como independiente de izquierda en un órgano de 50 convencionales en el que no solo predominan los partidos políticos, sino que tienen una mayoría las derechas. En su orfandad política, el abogado buscó alianza con la bancada de Revolución Democrática (RD), parte del Frente Amplio (FA) al que pertenece el presidente chileno Gabriel Boric. Es un sector, dice el abogado, con el que existe una afinidad previa pues, en 2022, estuvo por aprobar la propuesta de Constitución.
Pero este segundo proceso constitucional, que empezó hace un mes, tiene otras características, pues los 50 consejeros trabajan en base a un anteproyecto de ley de leyes que, previamente, elaboró una Comisión Experta. A diferencia de la propuesta de 2022 que la gente rechazó, este borrador solo contiene dos artículos referidos a los pueblos indígenas. El principal es su reconocimiento constitucional como parte de la Nación chilena. “Pero es un enfoque asimilacionista, un reconocimiento meramente declarativo, un retroceso. Y vamos a tratar de que se modifique”, critica.
Su próximo desafío será buscar el apoyo a las normas para los pueblos indígenas de las fuerzas del oficialismo del Consejo Constitucional, es decir, en el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Si logra que lo patrocinen, podrá hacer el intento ante la mayoría de la derecha. “Es cierto que es difícil, pero eso no significa que no haya que dar la discusión. Yo no puedo, en función de los números, decir que no hay nada que hacer. Porque para eso no tiene sentido que esté acá”.
Un pasado radical
Es una fría mañana en Santiago. Antileo está sentado en una banca de los jardines de la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde funciona el Consejo. Es reservado y pragmático. Y, cuando habla, devela a alguien con experiencia política, en su caso, radical. En el pasado, en los años 80, después del volver del exilio con su familia desde Suecia, fue parte de las Juventudes Comunistas y luego del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un movimiento de resistencia armada a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En la década de los 90 fue vocero –precisa que fue “a cara descubierta”– de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una agrupación mapuche que ha intensificado en los últimos años sabotajes contra la industria forestal y agricultores de la macrozona sur de Chile reivindicando tierras. Hoy, sin embargo, el abogado está lejos de la CAM.
La CAM es una de las siete organizaciones radicales que operan en la llamada macrozona sur reivindicando tierras con acciones violentas, razón por la que desde octubre de 2021 la región de La Araucanía y provincias del Biobío y Arauco se encuentran bajo estado de excepción constitucional, es decir, con presencia militar. Ha sido un decreto que partió con el expresidente de derecha tradicional, Sebastián Piñera (2018-2022), y que la Administración de Boric se ha visto obligada a prolongar hasta hoy. Son acciones que, a fines 2022, el mandatario chileno calificó como “actos de carácter terrorista”.
La semana pasada, el presidente Boric presentó la Comisión para la Paz y el Entendimiento, un grupo transversal, de ocho integrantes, que debe hacer un catastro, con plazo el 2025, para restituir tierras al pueblo mapuche. Es, en rigor, el cuarto intento del Estado chileno en 23 años por buscar una salida política al conflicto y aislar a grupos como la CAM. Según Antileo, “esta dirección política es la adecuada”, y cree que todos los sectores deben ser incluidos en el nuevo diálogo, “incluso todos aquellos grupos que están por alcanzar la demanda territorial por la vía armada”.
Antileo está especialmente atento a la Comisión para la Paz y el Entendimiento, de la que destaca que “tiene un apoyo transversal, eso hay que reconocerlo”. Y anuncia a EL PAÍS que planteará dentro del Consejo Constitucional una norma para que la iniciativa de Boric sea parte de la nueva propuesta de Carta Magna.
En su análisis vislumbra riesgos. Y dice que como la comisión termina su labor en 2025, ello coincidirá con un año de elecciones presidenciales, lo que arriesga, asegura, que una próxima Administración se desentienda. “Para ejecutarla requiere ser nuevamente Gobierno, y en caso que no lo sea, que es un escenario probable, el futuro Gobierno puede perfectamente desconocer el alcance de esta comisión porque no tiene un anclaje constitucional. Por eso tengo que plantearlo, aunque haya sectores que digan que no”, señala Antileo, nuevamente, con pragmatismo.
“Yo tengo la impresión de que el presidente de la República tiene una voluntad política, pero también es cierto que se han producido dos hechos importantes, que son el rechazo a la propuesta de Constitución y la composición de este nuevo Consejo, que han debilitado al Gobierno y reducido su margen de maniobra. Entonces, como pueblo indígena tengo que ver cómo, en estas condiciones, igual avanzamos. Y si planteo que se consagre constitucionalmente esta comisión y los consejeros del oficialismo me dicen que no están disponibles, el movimiento indígena y mapuche va a tener claro que este Gobierno no quiere dar ningún tipo más garantías. Sería la peor señal”.
