- Evidencias arqueológicas, lingüísticas, históricas, culturales y otras demuestran la presencia continua de pueblos originarios desde la era precolonial hasta la fecha en lo que hoy es la provincia de Mendoza, afirman tres especialistas del CONICET.
- El CONICET es el principal organismo dedicado a la promoción de la Ciencia y la Tecnología en la República de Argentina.
- FOTO: Tomasa Julipis (foto de 1939), fue prisionera tras la Campaña del Desierto. Créditos: Poblaciones pre y posthispánicas de Mendoza, Volúmen I, Etnografia. Carlos Rusconi. Mendoza, 1961, lámina 28.
Por Bruno Geller -CONICET
11 de abril de 2023
“Los antepasados de los mapuche contemporáneos habitaron el actual territorio de Mendoza antes de la conquista española y su presencia ha sido continua desde entonces hasta el presente. Sectores de la sociedad de Mendoza argumentan la supuesta extinción y o extranjería de este pueblo que forma parte de Argentina y de la historia de Mendoza, con el fin de deslegitimar la reivindicación de sus legítimos derechos, que incluyen la posesión y el uso de tierras”, afirma Diego Escolar, antropólogo, investigador del CONICET y profesor titular en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) que hace tres décadas estudia la historia y etnografía indígena en Cuyo y otras regiones.
Por su parte, Claudia Briones, antropóloga e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa, CONICET-UNRN) destaca que el artículo 75 inciso 17 de la constitución nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas. Y también resalta que “lo que todos los argentinos y argentinas debemos saber que es que, tal como prescribe el Convenio 169 de la OIT del que la Argentina es signataria, los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones (art. 33.1). De allí que sus derechos deban ser respetados en Mendoza y en todo el país porque eso es lo que mandata nuestra constitución y convenios internacionales”.
Para Beatriz Bragoni, doctora en historia, investigadora del CONICET, directora del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA-CONICET), en Mendoza, y profesora titular de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, las fuertes controversias sobre la existencia o no de pueblos mapuches en los departamentos del sur mendocino recomiendan tener en cuenta cuestiones fundamentales como las evidencias materiales (arqueológicas, lingüísticas, históricas, culturales) que atestiguan la movilidad espacial, intercambios, conflictos y solidaridades de las parcialidades indígenas dispersas en los territorios y pueblos no sometidos por las autoridades coloniales entre el siglo XVI y el XVIII, así como a la recomposición de las relaciones interétnicas como resultado de las guerras revolucionarias. También indica que se deben considerar las razones que explican la filiación entre la nomenclatura clásica y aceptada de los pueblos originarios del sur provincial, puelches y pehuenches, por el vocablo “mapuche” o “pehuenche-mapuche”.
Conjunto de evidencias
Pruebas de diferente naturaleza, que son parte de los estudios de especialistas del CONICET, confirman la continua presencia mapuche hasta la fecha en Mendoza: artículos de prensa del siglo XIX, partes militares, tratados entre caciques del sur de Mendoza y autoridades del Estado argentino, memorias orales y actas bautismales de niños y niñas indígenas separados de sus familias y de su cultura durante y después de la Campaña del Desierto.
“En las fuentes históricas, hay evidencias directas de que el sur de Mendoza y lo que es el departamento de Malargüe, General Alvear y gran parte de San Rafael eran territorios indígenas libres hasta la Campaña del Desierto que se produce a partir de 1879, luego de las “campañas preparatorias” en 1878. O sea que hasta ese momento casi la mitad de la provincia de Mendoza y gran parte de la provincia de Buenos Aires, el sur de San Luis, el sur de Córdoba y de ahí hacia la Patagonia hasta Tierra del Fuego era todo territorio indígena libre”, afirma Escolar y agrega que eso está comprobado en tratados sobre fronteras, firmados incluso hasta 1875, entre caciques indígenas y autoridades de gobierno.
En esa línea, Bragoni indica que la evidencia histórica refrendada en documentos producidos por los funcionarios coloniales que tramitaron el cambio político en el territorio después de 1810 pone de relieve la naturaleza o carácter de las relaciones interétnicas en dos planos concurrentes: la política de pactos o parlamentos celebrados entre las autoridades locales y los cacicazgos indígenas para negociar la paz en base a incentivos materiales que incluían la cesión de terrenos para la labranza en las proximidades de los fuertes de San Rafael (1805) y San Carlos (situado a más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza), y que suponía la prestación de servicios militares eventuales por los indios oriundos del lugar o del otro lado de la cordillera.
Bragoni menciona, por ejemplo, que sobre la base de entendimientos pactados en 1816 entre los comandantes de frontera y los “caciques amigos” Carripihue y Quichudeo, el gobernador intendente, José de San Martín, en persona, encabezó la ceremonia que aceleró la rúbrica de un tratado con la “nación pehuenche” en el fuerte de San Carlos, que contó con la mediación del fraile araucano Francisco Inalicán. Pero la participación de los indígenas en aquella coyuntura (que narró el general Miller en sus memorias publicadas en Londres en 1829) no se redujo a preservar la vigilancia de los boquetes cordilleranos ni tampoco se limitó a cumplir con el compromiso de permanecer ‘neutrales’ en la guerra entre los ejércitos patriota y realista, afirma la investigadora. “La información provista del Copiador de San Martín resulta esclarecedora de los contratos celebrados con caciques y mocetones con el fin de recolectar ganado disperso para abastecer a los hombres armados que los habilitaba a ingresar a la ciudad para cobrar los servicios prestados. La documentación también registra las gestiones de los caciques pehuenches en el suministro de hombres para los cuerpos de caballería del Ejercito de los Andes”, puntualiza la historiadora del CONICET y autora del libro “San Martín”, una biografía política del libertador” (Editorial Edhasa).
“A partir de la Campaña del Desierto, los indígenas fueron incorporados violentamente al Estado argentino. Miles fueron asesinados, y en el caso particular que abordan mis trabajos, miles de sobrevivientes del sur de Mendoza y también de la Patagonia y la Pampa central fueron trasladados forzosamente a la ciudad de Mendoza y otras zonas del centro y norte de la Provincia de Mendoza y agrupados en reservas, barracones y presidios (que dejaron, en algunos casos, restos arqueológicos visibles), y luego distribuidos en obrajes, ingenios, estancias o familias. El principal responsable del traslado y reparto de prisioneros como mano de obra esclava fue el coronel Rufino Ortega, hombre de confianza de Julio A. Roca, y gobernador de la provincia de Mendoza entre 1884 y 1887”, señala Escolar, quien realizó estudios posdoctorales, estancias de investigación y docencia en las universidades de California, Berkeley, en Estados Unidos, y en la Universidad Sorbonne Nouvelle, en Paris, Francia.
Escolar recabó más de 200 notas periodísticas publicadas entre 1878 y 1893 en El Constitucional, Los Andes y otros diarios de Mendoza que describen el reparto de indígenas traídos del sur de Mendoza y la Patagonia, y tratados, según afirma el investigador del CONICET, “como mano de obra esclava sin paga y muy maltratados”. Un artículo publicado el 22 de noviembre de 1879 en El Constitucional describe: “Llegó el jueves último la nueva remesa de indígenas que habíamos anunciado. Constaba de noventa y tantos individuos; entre los cuales había 35 indios de lanza, siendo el resto mujeres de 16 años arriba y uno que otro niño de pechos. El sitio donde se los alojó bien pronto fue invadido por numerosas señoras y caballeros que iban a pedir chinas y chinitos para su servicio, y en unas cuantas horas pudo distribuirse convenientemente toda la chusma. No fue posible atender la totalidad de las solicitudes, por lo reducido de la cifra, de manera que quedaron más de 300 peticiones sin proveer….”.
En el caso de Mendoza, Escolar y colegas también recorrieron parroquias de la provincia de Mendoza y comprobaron la proliferación de actas bautismales de niños indígenas capturados en la Campaña del Desierto en el sur de Mendoza y Patagonia desde fines de la década de 1870 hasta fines de 1880. “Se les otorgaba un nombre español, se eliminaba toda referencia a sus padres y se incluían generalmente sólo los nombres de los padrinos blancos que terminaban oficiando en la práctica como sus dueños. El objetivo de esta política de apropiación de niños indígenas era destruir la sociabilidad e identidad indígenas, obtener mano de obra virtualmente esclava y lo que podría ser considerado como bienes de prestigio para las elites”, afirma Escolar y agrega: “Tras la Campaña del Desierto, muchos mapuches sobrevivieron en condiciones sociales nuevas, en algunos casos hasta la década de 1950, generando también descendencia hasta el día de hoy en Mendoza”.
El término “mapuche”
Hay historiadores, indica Escolar, que niegan la presencia milenaria de mapuches en Mendoza y otras regiones del país argumentando que son muy recientes (de fines del siglo XIX en adelante) los documentos que identifican a ese pueblo con la denominación “mapuche”. “El término mapuche, que significa ‘gente de la tierra’, se fue desplegando desde finales del siglo XIX como un rótulo para la identificación o autoidentificación de diversas parcialidades identitarias que tenían en común la lengua mapudungun y pautas culturales y políticas, y fueron clasificadas por ejemplo como pehuenches, pampas, huiliches y otros”, afirma el investigador del CONICET y continúa: “Es un error pensar que estos pueblos no han continuado su presencia en la región porque hayan cambiado o desaparecido alguna de las denominaciones originales y fueron reemplazadas por otras a lo largo del tiempo por dinámicas de etnogénesis, producto, por ejemplo, de los desplazamientos forzados que tuvieron que sufrir a partir de la Campaña del Desierto”.
En cuanto a las identidades de colectivos sociales con sostenidas experiencias de interacción (matrimonios mixtos, intercambios económicos, alianzas políticas, incluso confrontaciones), las mismas no quedan definidas de una vez y para siempre, afirma por su parte Briones. Y agrega que en el desarrollo de esas interacciones “se producen reordenamientos, que pueden implicar prácticas de agrupamiento inclusivo bajo identificaciones comunes, así como des-identificaciones”.
“Es por ende estéril sostener que no puede haber mapuche con derechos hoy en el sur de Mendoza porque, en siglos pretéritos, los morcollanes eran una de las parcialidades que estaba allí. Lo concreto es que hoy no hay autoidentificaciones morcollanes y sí las hay mapuche en la zona, por complejos procesos de interdigitaciones identitarias en gran parte provocados por arrinconamientos y desplazamientos compulsivos atribuibles tanto a los colonizadores españoles como a los estados chileno y argentino”, puntualiza Briones. Y continúa: “Además, muchas ‘identidades etnológicas’ se construyeron tomando las denominaciones dadas por los conquistadores o por otros pueblos, y no desde los propios etnónimos. Hoy nadie duda que lo que la antropología clásica llamaba ‘Toba’ se refiere a quienes se autodesignan ‘Qom’. No son dos pueblos diferentes. Lo mismo pasa con lo que los españoles llamaron ‘Araucanos’ o ‘Aucas’ y en la actualidad se autoidentifican como ‘Mapuche’. Y, a este respecto, hay abundantes fuentes coloniales tempranas que documentan presencia de Aucas en la zona”.
Escolar también indica que durante la Campaña del Desierto proliferó un discurso nacionalista argentino, promovido por intelectuales como Estanislao Severo Zeballos, Francisco Pascasio Moreno y Manuel José Olascoaga, que sostenía que los mapuches eran invasores de Chile. “Este discurso falso se elaboró para justificar la Campaña del Desierto. Además, esta invasión violenta en los territorios de los indígenas se dio en un contexto geopolítico de competencia con el Estado chileno por territorios de la Patagonia y otras regiones”, señala Escolar. Y agrega que lo apropiado es decir que lo que ocurrió “fue un proceso colonial en un territorio originario mapuche iniciado con la invasión española y seguido de una ‘colonización republicana’ argentina”.
Respecto de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, indica Briones, la misma no refiere a una única localización original y, menos aún, cuando hablamos de pueblos con alta movilidad. “Reconoce más bien prácticas propias que deben ser respetadas porque han sido interferidas e intervenidas por los mismos estados a través de sus políticas o bien de exterminio o bien de subordinación y radicación coercitiva. Está bien documentado no sólo que así ocurrió con contingentes mapuches relocalizados compulsivamente en el sur de Mendoza incluso después de la conquista del desierto, sino también que el Estado argentino no tenía presencia efectiva en todos los espacios sobre los que reclamaba competencia y jurisdicción hasta fin del siglo XIX”, afirma la investigadora del CONICET y resalta que por eso se encuentran en los mapas de época amplias extensiones consignadas como “tierra de indios”.
Hasta las reformas borbónicas del siglo XVIII, la “provincia de Cuyo” que abarcaba también a Mendoza, pertenecía a la Gobernación de Chile, con capital en Santiago, y sólo desde 1776 al Virreinato del Río de la Plata, lo que en nada contradice que hoy sea una de las veinticuatro provincias argentinas, señala Briones. “No existiendo aún los estados de Chile y Argentina, sería tan inadecuado sostener que hasta 1776 todos los indígenas de Mendoza eran chilenos, como que después de esa época eran todos argentinos”, agrega.
Para Escolar es fundamental la investigación sobre los pueblos indígenas “porque una enorme porción de la población argentina es o desciende de pueblos indígenas; y para demostrar, a pesar de algunas voces, que son parte del pueblo argentino, que siguen existiendo, aunque se los quiso expulsar material y simbólicamente de nuestra sociedad”.
De acuerdo con el investigador del CONICET, “comprender la historia indígena también es comprender mejor la historia de la formación de la nación y el Estado argentino. Los indígenas participaron en las guerras civiles argentinas, en la política, influyeron en la economía, influyeron en las formas en que por oposición se construyó la imagen del argentino blanco, o sea son la otra cara de la moneda de la identidad argentina idealizada, imaginada”, afirma el autor de Los indios montoneros. Un desierto rebelde para la nación argentina (Guanacache, siglos XVIII-XX), de editorial Prometeo.
Para Briones, hace falta continuar profundizando y ampliando investigaciones sobre las complejas historias y trayectorias de los pueblos indígenas que habitan en el país, y sobre los modos adecuados de entender y honrar los marcos jurídicos que rigen nuestra convivencia. “Hace falta también que esas investigaciones retomen y den clara cabida a los trabajos que en esa dirección realizan comunidades, organizaciones, referentes y colegas indígenas. Esto es así no simplemente porque es parte medular de lo que Argentina es hoy, sino fundamentalmente porque se evitarían muchos malentendidos y conflictividades innecesarias si la población en general tuviese información basada en investigaciones consistentes y actualizadas. De lo contrario, sólo continuarán circulando interpretaciones interesadas y ancladas en prejuicios que confunden y acarrean más conflictos que soluciones”, agrega.
La existencia de la identidad y cultura mapuche en tierras mendocinas ha sido objeto de intensas controversias, indica Bragoni. “Historiadores y cientistas sociales aportaron información y fundamentaron diferentes puntos de vista sobre el conflicto en vista a precisar el carácter de verdad de la identificación mapuche de los pueblos originarios del sur de Mendoza. Hubo quienes la desecharon de plano en base a la denominación o nomenclatura sedimentada en la literatura, documentos y en la cartografía difundida en los manuales escolares: puelches y pehuenches”, describe. Y continúa: “Hubo otros que trajeron a colación los procesos de constitución de la identidad y cultura mapuche que tienen como base registros, prácticas y lenguajes no inscriptos en la memoria o narrativa estatal. El debate está lejos de ser clausurado y seguramente animará más de una conversación o columnas de opinión. Pero más allá de los términos de la controversia, y de sus eventuales usos públicos, la polémica bien puede ubicarse en las coordenadas que arbitran las complejas relaciones entre memoria(s) e historia”. Sobre todo, indica la historiadora mendocina, “porque se trata de debates y reflexiones que han organizado la agenda de investigación social e histórica en la mayoría de los ámbitos académicos internacionales y de la Argentina, que pusieron en entredicho el peso de las narrativas nacionalistas y del método erudito-crítico, acuñado en el siglo XIX, que sirvió a la consolidación de los estados nacionales, las grandes civilizaciones y sus conquistas, y erigió a los historiadores en sus únicos intérpretes legítimos”.
En contraste, afirma Bragoni, la atmósfera cultural y política contemporánea ha incitado la explosión memorial, es decir, la eclosión de memorias sociales, la mayoría de las veces yuxtapuestas o rivales que refutan la unívoca memoria pública o estatal, que en la práctica es sinónimo de historia oficial. “Como se sabe, dichos fenómenos socioculturales no sólo priorizan el papel del testigo en detrimento del testimonio. También ponen de relieve la incidencia de discursos cruzados muchas veces conflictivos, discursos producidos por actores con capacidades y poder de intervención pública diferentes, aunque animados por algún tipo de convicción o certeza para cuestionar el canon dominante y construir una memoria común”, explica la investigadora del CONICET.
Para Escolar, la investigación es también una manera de hacer justicia por los mapuches, otros pueblos indígenas de Argentina y sus descendientes. “Nuestros trabajos, en diálogo con su propias memorias y conocimiento histórico y antropológico, aportan argumentos, conocimientos de las zonas oscuras de su propia historia, de lo que la propia historia oficial ocultó. También puede ayudarles a reconocer sus derechos y defenderlos, así como también recuperar su orgullo, su historia y su identidad”.
