Pese a su discutible efectividad, al volumen de los montos fiscales involucrados y a la diversidad de las demandas por parte de comunidades mapuches, el Estado chileno, por vía de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), persiste en la política de compra de fundos, sin lograr establecer los bordes definitorios debido a la multiplicación de las exigencias y la división de las comunidades sujeto de adjudicación, lo que hace improbable una solución definitiva a corto plazo. Avances concretos encaminados a resolver “la cuestión mapuche” han sido frustrados tanto por una falta de voluntad política como por la acción violenta de grupos radicalizados que han dificultado los intentos de diálogo.

Sin contar con evaluaciones eficientes que permitan transparentar el impacto social, cultural y económico que dicha política ha tenido para la población favorecida, ha sido complejo establecer la magnitud del problema de reclamaciones territoriales, principal causa esgrimida para ejercer la violencia que afecta a la macrozona sur. El retiro por parte del Gobierno del programa de catastro de demandas de tierras que había sido aceptado por la Contraloría, aduciendo que aquellos datos ya se conocen, complejiza aún más la capacidad de contar con información fehaciente. Se calcula que hay alrededor de mil comunidades mapuches que están en distintas etapas de avance en el proceso de adjudicación de tierras y que habría unas 270 mil hectáreas reclamadas.

La duración y la dificultad de los procesos, junto con la exigencia por mayor transparencia de los montos involucrados, así como en la selección de las comunidades beneficiadas por el proceso de aplicabilidad, denotan la necesidad de actualizar la ley indígena y el funcionamiento de la Conadi, organismo estatal que ha estado en cuestionamiento más de una vez por opacidad e ineficiencia en su operación y que es el principal responsable de las políticas de apoyo a la población indígena, así como en la compra y entrega de tierras.

Uno de los factores más sensibles de esta política pública es la presión que ejercen los grupos radicales para acceder a tierras recurriendo a medios violentos, como la “marcación” de los terrenos, el amedrentamiento, los incendios y la toma de aquellos predios que se reclaman. Si bien una indicación parlamentaria estableció en 2016 que los recursos del Fondo de Tierras de la Conadi no se podían destinar a la compra de terrenos tomados por comunidades indígenas y que estas no podían ser favorecidas por esta política si recurrían a la fuerza, denuncias de parlamentarios de la zona de La Araucanía advierten que no se estaría respetando dicha norma. Al respecto, el diputado Miguel Mellado (RN) envió un oficio a esa corporación para aclarar el proceso de adquisición de tierras que favoreció a dos grupos que habrían protagonizado medidas de fuerza, incluyendo las ocurridas en el fundo El Vergel, en Lautaro, cuyo propietario fue golpeado, amenazado e impedido de desarrollar sus faenas agrícolas, no quedándole más opción que la de vender.

Es preciso revisar los procedimientos para evitar cualquier señal equívoca que comprometa el debilitado Estado de Derecho en la zona, especialmente en un ambiente donde la ciudadanía enfrenta altos niveles de inseguridad y percibe impunidad y abandono por parte del Estado.